Los talibanes son un grupo que surgió en Afganistán a principios de los 90s con el objetivo de unificar el país bajo un gobierno islámico, en un contexto de inestabilidad y fragmentación tras la retirada de las tropas soviéticas. La Unión Soviética intervino militarmente en Afganistán en 1979 con el fin de expandir su esfera de influencia en la región y garantizar un gobierno alineado a sus intereses. La ocupación soviética duró casi una década y finalizó debido a los altos costos humanos y económicos, la creciente presión internacional y los problemas internos.
Tras la retirada de las tropas soviéticas y la subsiguiente guerra civil, los talibanes emergieron como la única fuerza capaz de restaurar el orden y llenar el vacío de poder. En 1996, tomaron el poder y establecieron un gobierno basado en una interpretación estricta de la ley islámica (sharía). Como parte de su ideología, mantienen una firme oposición a las influencias occidentales y promueven una visión conservadora de la sociedad.
Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por la organización terrorista Al-Qaeda bajo el liderazgo de Osama bin Laden, Estados Unidos encabezó una coalición internacional que derrocó al régimen talibán. La intervención militar se justificó como una medida en la lucha contra el terrorismo, con los objetivos de desmantelar a Al-Qaeda, y eliminar el régimen talibán que les brindó refugio en Afganistán.
Con la caída del régimen talibán, se formó un gobierno provisional bajo Hamid Karzai, designado por la Conferencia de Bonn convocada por las Naciones Unidas. Estados Unidos respaldó al nuevo gobierno afgano a nivel político, militar y diplomático con el fin de apoyar la transición, fortalecer las instituciones y consolidar un gobierno democrático. No obstante, a largo plazo los intereses geopolíticos y económicos, como los contratos de reconstrucción y la explotación de recursos naturales, prevalecieron e incentivaron la intervención.
La intervención estadounidense en Afganistán se prolongó por más de 20 años, causando un daño devastador y un trauma profundo en la población afgana. Este período es considerado el más violento en la historia del país, caracterizado por la brutalidad de los conflictos, la pérdida masiva de vidas y la destrucción de infraestructuras esenciales. La guerra debilitó el tejido social y económico, y alimentó el resentimiento contra las fuerzas estadounidenses. Además, la administración afgana enfrentó severas críticas de corrupción y su fuerte dependencia del apoyo estadounidense debilitó la autonomía y soberanía del país. A pesar de los esfuerzos por establecer un gobierno democrático, Afganistán siguió siendo volátil, con fricciones políticas y el reagrupamiento de la insurgencia talibán.
En agosto de 2021, los talibanes retomaron el poder tras una insurgencia contra el gobierno afgano que había sido respaldado por Estados Unidos desde 2001. La retirada de las tropas internacionales permitió a los talibanes avanzar sin una oposición militar significativa. Asimismo, el descontento popular, la desintegración de las fuerzas de seguridad afganas y la incapacidad del gobierno para mantener el control facilitaron el regreso de los talibanes al poder. Casi de manera inmediata, el número de atentados y actos de violencia se redujo drásticamente, y por primera vez en más de 43 años, el país experimentó un clima de seguridad inédito. Sin embargo, esta relativa estabilidad vino a costa de severas restricciones a las libertades civiles y políticas, especialmente para niñas y mujeres.
Desde su regreso al poder, los talibanes han excluido a mujeres y niñas de la vida pública mediante restricciones que limitan su participación en los ámbitos social, económico y político. Algunas de estas medidas incluyen la prohibición de asistir a escuelas y universidades, trabajar, aparecer en televisión, participar en la política, visitar parques o gimnasios, y salir de casa sin un acompañante masculino. Además, se les impide acceder a servicios de salud proporcionados por hombres, lo que, junto con la prohibición de trabajar, ha hecho que la atención médica sea prácticamente inaccesible para las mujeres. El incumplimiento de estas restricciones puede llevar a arrestos o castigos públicos. En 2023, Afganistán fue considerado el país más represivo para mujeres y niñas, al privarlas de sus derechos humanos fundamentales.
Como consecuencia, la violencia de género ha aumentado alarmantemente, permitiendo a los hombres cometer violencia doméstica, lesionar e incluso provocar la muerte de mujeres de la familia con total impunidad. Las mujeres carecen de mecanismos para denunciar abusos y temen ser estigmatizadas socialmente o acusadas de crímenes morales. Aunque las mujeres y las niñas enfrentan las consecuencias más severas, las políticas del régimen talibán impactan a todos los sectores de la sociedad afgana. Las severas restricciones impuestas por la estricta ley islámica han llevado a que más de 5.3 millones de personas huyan del país en busca de refugio en países vecinos. La aparente estabilidad en términos de seguridad no ha mitigado el sufrimiento humano ni la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país.
La situación en Afganistán es desgarradora, marcada por décadas de conflicto, inestabilidad y sufrimiento humano. A tres años de la toma del poder por los talibanes, Afganistán enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con más de 23.7 millones de personas necesitadas de ayuda. Los estragos de más de cuarenta años de guerra, la reciente agitación política, la inestabilidad económica y los desastres naturales recurrentes han contribuido a este panorama devastador. Esta grave crisis subraya la urgencia de una respuesta internacional inmediata y efectiva para abordar las necesidades críticas de la población afgana, en particular de mujeres y niñas, quienes han sido sistemáticamente excluidas de la esfera pública y enfrentan una opresión devastadora y una negación casi total negación de sus derechos fundamentales.
