Durante 1976, Camboya fue escenario de uno de los genocidios más terribles y poco recordados en la historia. Saloth Sar, conocido como Pol Pot, fue un dictador y el líder principal de los Jemeres Rojos, la organización guerrillera que tomó el control del país tras la Guerra de Vietnam. Pol Pot torturó y asesinó a un tercio de la población de Camboya y una de sus políticas con mayor impacto fue la abolición de los derechos de propiedad privada. La agricultura se colectivizó y los habitantes de las ciudades se vieron obligados a ir a las zonas rurales para cultivar la tierra con el fin de crear una sociedad totalmente agraria. En consecuencia, las zonas urbanas fueron desalojadas y el régimen se dedicó a la destrucción sistemática de todos los registros de propiedad. Se estima que el 70% de los camboyanos perdieron el acceso a sus tierras.
La ruralización forzada llegó a su fin con el derrocamiento del régimen de Pol Pot en 1979. Si bien la mayoría de las personas perdieron sus registros de propiedad, volvieron a instalarse en sus antiguos hogares. En vista de que la población no contaba con documentos que acreditaran la posesión de sus tierras, el gobierno de Camboya comenzó a expropiar tierras y venderlas a gobiernos y empresas extrajeras. Las tierras ricas en recursos han sido escenario de adquisiciones a gran escala para la producción de cultivos comerciales e industrias extractivas. Asimismo, se presentan adquisiciones ilegales por parte de políticos, empresarios o militares influyentes para su beneficio personal. El 22% de la superficie del país ha sido expropiada a cambio de contratos millonarios, mientras que miles de familias son amenazadas y obligadas a aceptar indemnizaciones o reasentamientos inadecuados.
Desde los años setenta, los desalojos forzosos son una constante en la historia camboyana y al menos 420,000 personas han sido afectadas por problemas relacionados con la tierra. Los desalojos se llevan a cabo a través del uso excesivo de la fuerza contra los residentes y más de 300 activistas han sido detenidos por exigir sus derechos sobre la tierra. La mayoría de las personas poseen tierras sin la documentación adecuada y un gran porcentaje de familias rurales, aproximadamente el 80%, carece de títulos de propiedad seguros sobre sus tierras. Se teme que la cifra de damnificados podría ser más alta debido a que la mayoría de las disputas no llegan a los tribunales. Las personas afectadas suelen carecer de los conocimientos y medios para hacer públicas sus demandas.
La historia política de Camboya ha contribuido en muchos aspectos a la inestable situación de la tierra. Las adquisiciones a gran escala impulsan la creciente desigualdad en el acceso a la tierra, la pobreza, la exclusión socioeconómica y afectan negativamente a la seguridad alimentaria. La agricultura es la principal fuente de ingreso para más de tres cuartos de la población, por lo que los derechos de propiedad privada son un mecanismo vital que permite a los camboyanos recuperar los medios para subsistir y hacer frente a las adversidades. Además de la gestión ineficaz de la tierra, la tala ilegal y la presencia de minas terrestres agravan la delicada situación y suscitan que más zonas del país sean inhabitables.
Las disputas por la tierra se han convertido en un problema grave y persistente en Camboya. A pesar de los avances en el desarrollo de marcos normativos y administrativos para la gestión de la tierra, los desplazamientos forzosos y las disputadas continúan ocurriendo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Entre el pasado marcado por el genocidio y un futuro sin techo, los camboyanos caminan sobre una cuerda floja sin garantías de preservar lo que algún día fue suyo. La mejora de la administración de la tierra y la aplicación de las legislaciones vigentes serán fundamentales para que el país sobrepase sus conflictos, promueva su desarrollo económico y garantice los derechos de propiedad de su población.
