Myanmar, antiguamente Birmania, es un país en el Sudeste Asiático que logró su independencia en 1948. El ejército jugó un papel importante como liberador del dominio colonial británico, por lo que es un país forjado y educado en el militarismo. Desde entonces, Myanmar arrastra una historia de constantes golpes de estado, represión y luchas interétnicas que han sumado a su inestabilidad política y social. Una de las principales víctimas de las dictaduras militares es la comunidad rohingya, una minoría étnica no reconocida en el país. En los últimos años, más de un millón de rohingyas han huido de la violencia, represión y las políticas de limpieza étnica del régimen militar.
Los rohingyas son una minoría musulmana que sufre desde hace décadas de persecuciones en Myanmar, un país mayoritariamente budista. Además de la religión, se caracterizan por hablar el rohingya, una mezcla de árabe, urdu y birmano. Los rohingyas se consideran así mismos indígenas de Myanmar, pero el gobierno los ve como musulmanes extranjeros que emigraron durante la ocupación británica. Por ende, en 1982 se aprobó una ley de ciudadanía que los despojó de su condición de ciudadanos y de sus derechos civiles básicos, entre los cuales destacan la libertad de practicar su religión, el acceso al empleo, la atención médica y la educación. Encima, al no contar con documentos de identidad oficial, tienen restricciones para movilizarse por el territorio nacional, no pueden casarse sin autorización previa de las autoridades y tampoco pueden poseer tierras o propiedades.
En 2017, el conflicto entre los rohingyas y el gobierno birmano se recrudeció cuando el ejército lanzó ataques en respuesta a una serie de agresiones de combatientes de la etnia. Estos ataques derivaron en el éxodo de este pueblo para buscar refugio en el país vecino de Bangladés, un Estado que tampoco los reconoce como refugiados. Algunos grupos de derechos humanos señalaron estas acciones como una excusa para tratar de extinguir a la minoría rohingya. Entre las vulneraciones de derechos humanos realizados por el ejército de Myanmar figuran los asesinatos de bebés, desapariciones, torturas, violencia sexual y destrucción de aldeas. La crisis de los rohingyas, debido a su magnitud y rapidez, se ha convertido en la más grande del mundo.
Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos se movilizan para apoyar la protección de la población en lo relativo a la alimentación, agua, refugio y primeros auxilios. Si bien, en conjunto con el gobierno de Bangladés, mantienen en pie los campos de refugiados, las condiciones son precarias y continúan surgiendo desafíos complejos ante la imposibilidad de garantizarles un retorno seguro a su país de origen.
Organizaciones como la Cruz Roja advirtieron que Myanmar no está preparado para el retorno de los rohingyas y los mismos han expresado su preocupación de volver a un territorio del que huyeron por temor a morir. Los planes para retornar de manera segura, justa, digna y ordenada a los refugiados se vieron obstaculizados por el golpe de Estado en 2021, el cual colocó en el poder a los generales efectuaron la campaña para masacrar a los rohingyas.
Existen algunas iniciativas internacionales para proporcionar justicia al pueblo rohingya, incluido el caso de genocidio contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia y la consideración de violencia como genocidio por parte de Estados Unidos. Estos esfuerzos buscan aumentar la presión internacional y sentar las bases para tomar posibles acciones legales. Sin embargo, en la práctica, la indiferencia del gobierno birmano ante estas medidas y la cultura reinante de impunidad permiten que continúen cometiéndose crímenes de lesa humanidad en contra de esta minoría.
Mientras la respuesta humanitaria siga siendo cortoplacista y no se aborden debidamente las causas del éxodo, los rohingyas permanecerán atrapados dentro de un sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el país que los vio nacer.
