Kazajistán, ubicado en Asia Central, es el noveno país más extenso del mundo con una población mayoritariamente musulmana. Kazajistán se ha posicionado como un actor clave en la región debido a su estratégica ubicación geográfica y a su riqueza en recursos naturales como petróleo, gas y uranio. Recientemente, el país ha acaparado los titulares de medios internacionales debido al estallido social sin precedentes desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. Ante las recientes manifestaciones y demandas políticas, el país navega hacia un futuro incierto amenazando la estabilidad de la región.
A inicios del 2022, el alza del precio del gas, principal combustible automotriz, fue el detonante de las manifestaciones en Kazajistán. Lo que inició como un reclamo económico derivó en demandas políticas y sociales en contra de la corrupción y desigualdades que envuelven al país, desde su independencia. A pesar de ser el principal productor de uranio en el mundo y el noveno exportador de petróleo, la riqueza se concentra en las manos de la élite política y económica. La ganancias generadas por los recursos naturales no han mejorado el bienestar de la población ni tampoco fomentado la apertura política. Hasta la fecha, no han existido elecciones libres en el país, por lo que la principal exigencia de los manifestantes ha sido poner fin al régimen impuesto por el expresidente Nursultán Nazarbáyev, quien lideró al país hasta el 2019, pero continúo influyendo en la política como presidente del Consejo de Seguridad.
El actual presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, calificó a los manifestantes de grupos terroristas y ordenó a las fuerzas de seguridad disparar en contra de ellos sin previo aviso. El gobierno de Kazajistán, al presentar las protestas como actos terroristas, solicitó la intervención militar por parte de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), un bloque militar formado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Esta fue la primera ocasión en el que la alianza de carácter militar actuó en defensa de alguno de sus miembros. Se estima que la ola de protestas ha dejado, al menos, 160 personas muertas, 750 heridos y más de 3,000 personas detenidas de manera arbitraria.
Líderes de países vecinos mostraron su apoyo al gobierno kazajo con el fin de proteger sus intereses y devolver la estabilidad al país. El presidente ruso, Vladimir Putin, dio su apoyo a Tokáyev y se mostró contrario a cualquier tipo de revuelta popular. Rusia es el principal socio comercial de Kazajistán, seguido de China, y mantiene en territorio kazajo su cosmódromo de Baikonur, desde donde lanza sus misiones espaciales. China también ha invertido en infraestructura y carreteras para fortalecer sus vínculos comerciales y continuar su proyecto económico de la nueva ruta de la seda, a través de Kazajistán. Por otro lado, Estados Unidos mantiene interés en la región debido a que compañías petroleras estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en el país. El 50% de la producción del principal yacimiento petrolífero de Kazajistán, Tengiz, está controlado por la empresa estadounidense Chevron.
Dada la presión internacional y el temor de los países vecinos de que los recientes eventos animen a fuerzas opositoras a iniciar movimientos similares, el presidente kazajo nombró a un nuevo primer ministro, anunció la retirada de las tropas rusas y destituyó a Nazarbáyev como presidente del Consejo de Seguridad. No obstante, la experiencia ha demostrado que las protestas en territorios postsoviéticos no suelen conducir a reformas, sino a mayor represión.
La situación en Kazajistán podrá evolucionar de diferentes maneras, pero las manifestaciones han sacado a la luz los defectos del modelo actual de gobierno. Aunque el gobierno indicó haber puesto fin al conflicto, los enfrentamientos y las violaciones generalizadas de los derechos humanos persisten.
