Sudán, ubicado en el noreste de África, es un país sumido en tensiones políticas con un largo precedente de ocupación, violencia y golpes de Estado. La ruptura de los partidos políticos y su incapacidad para construir consenso han allanado el camino para que los militares intervengan con la excusa de restaurar el orden. Las consecuencias de un golpe de Estado suelen ser trágicas ya que rompen la estructura del poder político de modo repentino, frecuentemente de manera violenta, socavan la legitimidad de las instituciones y debilitan la confianza del gobierno. Las acciones de los militares en Sudán han echado en saco roto todos los esfuerzos para alcanzar una transición pacífica y el reciente intento de golpe de Estado en abril del 2023 amenaza con desencadenar una guerra civil en el país.
El régimen dictatorial del expresidente Omar al-Bashir fue uno de los principales desencadenantes de los golpes de Estado en Sudán. Omar al-Bashir llegó al poder en 1989 a través de un golpe de Estado que lo colocó en el poder durante casi 30 años. Su gobierno estuvo marcado por un fuerte control autoritario, políticas islámicas y una deficiente gestión del conflicto en la región de Darfur, donde ocurrió una guerra civil. En abril de 2019, tras meses de protestas en contra de su gobierno, fue derrocado en un golpe de Estado donde se estableció un Consejo Militar Transitorio y posteriormente un gobierno de transición civil-militar con el objetivo de liderar al país hacia elecciones libres. No obstante, el proyecto de transición democrática fue interrumpido por un nuevo golpe de Estado en el 2021 liderado por general Abdel Fattah quien disolvió el gobierno civil. Desde entonces, los enfrentamientos entre civiles y militares están a la orden del día y la esperanza de una reestructuración militar y transición democrática se desvanece.
El intento de golpe de Estado en abril de 2023 ocurrió en un contexto plagado de tensiones por las disputas del poder y el control de los recursos naturales. La violencia estalló cuando Hemdeti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RFS) intentó derrocar al general Abdel Fattah. Las FRS es un grupo paramilitar en Sudán creado inicialmente con el objetivo de mejorar la seguridad de la región y proteger a la población de los grupos rebeldes. En la práctica ha sido acusado de llevar a cabo graves violaciones de derechos humanos y su papel en el país es incierto debido a los constantes cambios políticos en Sudán. Los enfrentamientos recientes han dejado más de 250 muertos y las disputas por el control de los medios de comunicación e infraestructuras claves no cesan. Los desacuerdos entre ambos militares se centran principalmente en el futuro de los paramilitares y su integración dentro de las fuerzas armadas del país, así como la disputa por el control de los recursos naturales.
Sudán es uno de los principales exportadores de oro en el continente africano y tan solo en 2022, se estima que el país ingresó 2.500 millones de dólares de su exportación. Los ingresos generados por esta industria extractiva sirven a intereses privados y financian a los grupos armados en la región quienes se disputan los yacimientos. Las FRS controlan el comercio de oro y desde 2017 parte de la explotación del oro sudanés está a cargo de empresas rusas vinculadas con Yegevyni Prigozhin, empresario ruso cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Estas empresas tienen gran interés en la explotación de recursos naturales en África, específicamente en la extracción de oro en Sudán, con la que presuntamente financian grupos paramilitares en Ucrania y Siria. Como resultado de estos acuerdos irregulares, el general Hemeti es actualmente uno de los hombres más ricos de Sudán.
Los enfrentamientos en Sudán son un reflejo de la inestabilidad política y hartazgo de la desigualdad social en un país donde el 64% de la población vive bajo el umbral de pobreza. Sudán es un terreno fértil para la propagación de grupos extremistas, los cuales aprovechan los vacíos de poder como una oportunidad para establecer sus bases y reclutar adeptos. Esta situación propicia el tráfico de armas y drogas y permite a los grupos armados beneficiarse de este mercado para mantener el control de las zonas en disputa. Aunado a la inestabilidad política, la actual crisis económica y la marginación de grupos étnicos, agudizan las tensiones entre militares.
Sudán es un territorio donde se confrontan los intereses de diferentes partes y fortunas. La fragmentación de las fuerzas de seguridad sudanesas y la proliferación de los diferentes grupos armados son los principales impedimentos para llegar a un acuerdo. En este contexto, abordar el tema de la inestabilidad en Sudán debe ser prioridad para la comunidad internacional con el fin de prevenir la propagación del extremismo, asegurar la seguridad regional y garantizar la seguridad alimentaria de los sudaneses.
Es crucial que Sudán emprenda un proceso hacia una transición política con instituciones independientes y concretar un acuerdo de paz entre militares. De lo contrario, las tensiones entre las diversas partes amenazan con escalar el conflicto hacia una guerra civil y deteriorar la seguridad en la región.
