En 2018, con la llegada del nuevo primer ministro Abiy Ahmen, un joven líder perteneciente al grupo étnico oromo, la dinámica política y social cambiaron drásticamente. A su llegada, presos políticos fueron liberados, se permitió operar a los partidos oponentes y prometió una nueva era de reformas democráticas. Incluso ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019 al poner fin a la guerra entre Etiopía y Eritrea. Durante el tiempo que el TPLF estuvo en el poder, Etiopía se vio involucrada en un enfrentamiento contra Eritrea, por lo que esta nueva amistad entre Abiy y Eritrea no fue bien vista en la región de Tigray.
Sin embargo, a inicios de su mandato, el nuevo primer ministro destituyó miembros del TPLF de sus cargos, muchos fueron arrestados y procesados por corrupción y abuso de poder. Además, disolvió la coalición multiétnica que había gobernado Etiopía hasta el momento y creó un nuevo partido. El partido TPLF se negó a formar parte del mismo y también rechazó las negociaciones de paz entre Etiopía y Eritrea tras 20 años de guerra, argumentando que no se habían tenido en cuenta sus intereses.
Las hostilidades crecieron cuando Tigray celebró elecciones regionales a pesar de haber sido aplazadas por el gobierno federal, programadas para agosto 2020, debido a la pandemia por covid-19. EL TPLF decidió celebrar sus elecciones unilateralmente en la región, insistiendo que Abiy era un líder ilegítimo. El gobierno federal no reconoció la legitimidad de esos comicios y puso fin a las relaciones y presupuestos con la región Tigray. En respuesta, el TPLF atacó una base militar de tropas federales con lo que Abiy puso en marcha la ofensiva sobre Tigray el 4 de noviembre del 2020.
La ofensiva contra Tigray por parte del gobierno federal bloqueó completamente la región: carreteras, aeropuertos, líneas de teléfono, electricidad, bancos, así como acceso de la prensa y organizaciones humanitarias. Dicha suspensión de apoyo a la región por parte del gobierno central empeoró la vulnerabilidad de la población ya que, como en toda guerra, la población civil es la más afectada. Desde entonces, se han cometido atrocidades en contra de la población civil. Miles de civiles, la mayoría étnicamente tigrinos, han fallecido y más de un millón de personas se han visto obligados a huir de sus lugares en buscar de un lugar seguro. Por si fuera poco, el conflicto se ha convertido en el epicentro de la peor crisis alimentaria en más de una década, cerca 5,5 millones de habitantes de la región se encuentran bajo una condición de inseguridad alimenticia.
Por otra parte, la destrucción del patrimonio cultural como táctica de guerra es una práctica lamentablemente habitual con resultados trágicos para la memoria de las civilizaciones. La toma de la ciudad de Lalibela el 6 de agosto de 2021 por parte del TPLF, pone en riesgo la integridad y seguridad de las iglesias excavadas en roca, que la convierten en un lugar sagrado para los cristianos ortodoxos etíopes que componen la mayoría de la población del país. En medio de sus avances tras el estallido en noviembre del conflicto, la toma de Lalibela pretende visibilizar el conflicto a nivel mundial, así como alzar el bloqueo de la región a través de amenazas al único, diverso y rico patrimonio cultural etíope.
El conflicto de Tigray está agravando los problemas ya existentes en la región, conflictos armados, pobreza y desigualdad, los cuales a su vez obstaculizan la llegada de turistas debido a la situación de inseguridad. El conflicto en el segundo país más poblado de África preocupa a la comunidad internacional, quien teme que la situación amenace la estabilidad de una región tan estratégica y llena de retos. Por ende, el gobierno debe poner fin a esta masacre y garantizar que todas las fuerzas involucradas en la lucha del lado etíope cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, así como garantizar la entrada de ayuda humanitaria a la región de Tigray. De no tomar acciones ahora, el conflicto podría encaminarse hacia uno mucho mayor y más prolongado con graves consecuencias principalmente para la población más vulnerable.