En el mundo actual, más de 90 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a emergencias humanitarias derivadas de conflictos armados o desastres naturales. La mayoría de estas personas dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. La ayuda humanitaria se refiere al apoyo que se le brinda a la población afectada para garantizar el acceso a servicios básicos, principalmente alimentación, atención médica, agua y refugio. Su principal objetivo es minimizar el sufrimiento de las víctimas de emergencias humanitarias, pero su despliegue tiende a la politización, alejándose de los principios humanitarios y del cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Ante el reciente terremoto con epicentro en el sureste de Turquía, cercana a la frontera con Siria, más de 4 mil personas ha perdido la vida y se estiman más de 13 mil heridos. Lamentablemente, como es habitual en este tipo de desastres naturales, las cifras tienden a incrementar con el paso de las horas. Por ello, la importancia de la coordinación y respuesta inmediata de la ayuda. Turquía y Siria fueron los países más afectados por este desastre natural, pero la diferencia recayó en el acceso desigual de la ayuda humanitaria. Sin demora, diferentes gobiernos y organizaciones internacionales extendieron su apoyo a Turquía, mientras las sanciones internacionales imposibilitan el acceso a medicamentos, suministros y alimentos necesarios en Siria.
Todo despliegue de ayuda humanitaria conlleva una serie de retos y países como Siria dificultan inmensamente la entrega de la ayuda humanitaria a la población. Desde que inició el conflicto armado en Siria (2011), la Unión Europea y Estados Unidos introdujeron una serie de sanciones en contra del régimen sirio. Las sanciones tienen el objetivo de evitar el apoyo financiero al régimen, a través de sus financiadores que alimentan la economía de guerra por medio de la corrupción, expropiaciones, contrabando o extorsiones. Algunas de las medidas restrictivas incluyen la prohibición de importar petróleo, restricciones a determinadas inversiones, la inmovilización de los activos del banco central sirio y restricciones a la mayoría de importancia y exportaciones. Pese a ello, en la práctica, las sanciones perjudican principalmente a la población civil.
Los alimentos, los productos de primera necesidad y los productos médicos y sanitarios no están sujetos a ninguna sanción. Pese a ello, las sanciones provocan escasez de medicamentos y la importación equipos médicos que afectan la vida de las familias sirias. A su vez, obstaculizan un despliegue de ayuda humanitaria efectivo debido a que las sanciones no permiten ingresar al país equipos pesados, ambulancias y vehículos de extinción de incendios indispensables para las operaciones de búsqueda y rescate. Por otra parte, como los sistemas bancarios internacionales bloquean las transferencias bancarias a Siria, no es posible realizar donaciones o transferencias de dinero con fines humanitarios a la población necesitada. Por consiguiente, la población siria tampoco recibir apoyo económico por parte de sus familiares o amigos en el exterior.
Detrás del despliegue de ayuda humanitaria, se encuentran intereses políticos que controlan el destino de las donaciones que permiten que estas organizaciones humanitarias se mantengan en pie. No obstante, la ayuda humanitaria por naturaleza no debe discriminar y las consideraciones políticas deberán ser dejadas de lado con el fin de cumplir los principios de la acción humanitaria.
La politización de la ayuda humanitaria es peligrosa y pone en riesgo la vida de los más vulnerables. Aunado al conflicto armado que ahoga al pueblo sirio, en donde el 90% de la población vive en la pobreza con acceso limitado a servicios básicos, el terremoto amenaza con profundizar la crisis humanitaria. De no levantar las sanciones, la ayuda humanitaria será inaccesible para la población siria que lleva más de 12 años viviendo en un estado de constante emergencia.