El 6 de abril de 1994, un misil derribó el avión del entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. La muerte del líder de la etnia hutu desencadenó una ola de violencia en contra de la etnia tutsi y opositores al régimen debido a la supuesta responsabilidad de un grupo rebelde tutsi en el derribamiento del avión. Los hutus iniciaron un proceso de exterminio masivo y se estima que más de 800,000 personas murieron masacrados por la milicia y fuerzas gubernamentales de la etnia hutu durante más de cien días. Aunque el catalizador inmediato de las matanzas fue el derribo del avión presidencial, el genocidio étnico en Ruanda se llevaba planeando desde hace mucho tiempo ante la mirada indiferente de la comunidad internacional.
Los orígenes de una lucha fratricida en la que las dos principales etnias del país olvidaron su patriotismo para enaltecer sus diferencias se remontan a la época colonial. Cuando Ruanda estaba bajo el dominio de Alemania (1984) y después de Bélgica (1916), los alemanes y belgas comenzaron a teorizar sobre las aparentes diferencias étnicas entre ambas poblaciones. Los tutsis y los hutus no eran muy diferentes entre sí, en realidad comparten una misma cultura e idioma. Sin embargo, los colonizadores agudizaron las diferencias y afirmaron, para beneficio propio, que los tutsis eran superiores al ser más parecidos a los europeos. Se les favoreció en la esfera política y se les otorgaron los mejores empleos, mientras que los hutus fueron relegados al escalón más bajo en la nueva jerarquía de carácter racial.
Con la independencia de Ruanda en 1962, los privilegios de los tutsis terminaron y fueron desplazados de los cargos de mando. Los tutsis sufrieron una fuerte discriminación sistemática para acceder a cargos políticos, empleos, así como a los servicios públicos. El proceso de independencia se consolidó entorno a conceptos racistas y una sociedad desigual y poco organizada. Asimismo, hubo una escalada de las campañas de desinformación, discursos de odio, xenófobos y deshumanización. Como consecuencia, cientos de tutsis fueron asesinados y huyeron a países vecinos en donde comenzaron a organizarse y prepararon un nuevo ataque contra el nuevo gobierno y los hutus. Pocos imaginaron que esta confrontación terminaría en una de las peores limpiezas étnicas en la historia de la humanidad. Se estima que cuatro de cada cinco tutsis fueron asesinados, lo que equivaldría al 11% de la población total del país.
El genocidio de Ruanda obliga a reflexionar y aprender las lecciones de una tragedia causada por la intolerancia étnica y un mal manejo militar por parte de la comunidad internacional. La lección más importante de esta tragedia es que los genocidios se pueden evitar. Un genocidio no se improvisa ni ocurre de un día para el otro, sino que es el resultado de un proceso que requiere tiempo, planificación y recursos. En la mayoría de los casos, comienza con un discurso de odio, por más sutil que sea. Las campañas de incitación al odio étnico, la distribución de armas entre la población civil, el entrenamiento y la elaboración de listas de personas que había matar fueron las primeras señales de alarma. Aunque estas prácticas fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos, no hubo un compromiso por parte de los actores internacionales para tomar las medidas necesarias a tiempo.
Se demostró tener una comunidad internacional incapaz de hacer respetar sus propios compromisos con los derechos humanos al priorizar los intereses extranjeros a costa del sufrimiento de una nación entera. La falta voluntad colectiva para poner fin a esta situación convirtió al país en una inmensa fosa común, ya que la inacción permitió que pudiera alcanzarse tremenda cantidad de víctimas mortales. Estados como Francia, Bélgica o Estados Unidos desestimaron desde un principio su intervención en el conflicto anteponiendo sus intereses. Por otra parte, Naciones Unidas se vio sobrepasada por los hechos la carecer de tropas bien entrenadas y de material funcional. Si bien no se pueden cambiar los fracasos del pasado, queda claro que evitar y castigar un genocidio es una obligación de la comunidad internacional.
Hasta la fecha, Ruanda necesita de un gran apoyo internacional para mitigar el impacto económico, político y social derivado del genocidio. Las soluciones están íntimamente relacionadas con el proceso de reconciliación étnica y deben tomar en cuenta las complejidades históricas y realidades sociopolíticas del país africano. Como resultado de estas atrocidades, Naciones Unidas creó el cargo de relator especial para le Prevención del Genocidio, así como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el primero en dictar una sentencia por el crimen de genocidio y reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de este. Asimismo, se han desarrollado sistemas de alerta temprana, análisis y respuesta para prevenir estos crímenes, así como medidas que ayuden a generar confianza entre las comunidades.
A pesar de que han pasado 28 años desde aquel genocidio, el mundo sigue presenciando incontables crímenes de odio y violaciones de derechos humanos sin que haya un compromiso claro por parte de las autoridades competentes para actuar a tiempo cuando aparecen las primeras señales. Muchos de estos crímenes han sido impulsados por las mismas tácticas de exclusión y demonización, incluso las luchas entre hutus y tutsis que provocaron el genocidio han dado lugares a conflictos armados hoy en día. La indiferencia ante los brotes de violencia, por mínimos que sean, dará lugar a que el conteo de víctimas alrededor del mundo perpetúe en el tiempo. Poner fin a las actitudes y discursos racistas, xenófobos y de odio será decisivo en la construcción de un futuro que sea en verdad humano.