“La vacuna Covid-19 llegó, y los ricos la quieren primero”, publicó el LA Times. Incluso al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, existen quienes están probando suerte. “Tengo un cliente que dijo: Te voy a dar 2 mil libras por la vacuna”, admitió el Dr. Roshan Ravindran a The Sunday Times. Y no solo eso, cree que cuando se libere la adquisición al sector privado, estas se puedan facturar en alrededor de 15 mil libras esterlinas.
México, desde luego, no es la excepción. Muchos indignados han exigido al gobierno que permita que el sector de salud privado venda la vacuna, cuando esto no es posible en ningún país, afortunadamente. En seis meses, al parecer, estarán disponibles en el sector privado, en todo el mundo, pero por lo pronto sólo los gobiernos las pueden adquirir.
Algunos se niegan a esperar su lugar en la fila para ser vacunados, de ahí la importancia del control y regulaciones para no ampliar aún más la desigualdad. Según un estudio de Oxfam, los países ricos, que representan el 14 por ciento de la población mundial, se quedaron con el 96 por ciento de las vacunas Pfizer y el 100 por ciento de Moderna. Los países más desfavorecidos no tendrán acceso a la vacuna durante años, lo cual representa un fracaso total. Reducir el nivel de peligro epidémico de enfermedades prevenibles por vacunación debería ser el gran objetivo en la práctica mundial de salud pública.
Las vacunas, desde su desarrollo hasta el proceso de aplicación, tampoco están libres de conflictos éticos. Entre los principales desafíos está la necesidad de superar el conflicto de intereses y proporcionar las condiciones necesarias para que los grupos vulnerables tengan acceso a ellas. Es por ello que el concepto ético de vacunación es el campo de visión de las principales organizaciones internacionales, como la OMS y los CDC.
El objetivo principal de una vacuna anti-COVID-19 es proteger a las personas que corren un riesgo particular y, por lo tanto, reducir el curso de enfermedades graves y muertes. El segundo es reducir la sobrecarga de hospitales y garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud. Finalmente, el tercero es reducir las repercusiones negativas de la pandemia y contener la propagación del virus.
La cuestión de garantizar un estándar ético es de especial urgencia para evitar en lo posible el mercado negro y las repercusiones que tendrían en la salud. Recordemos que el acceso a la vacuna no debe estar sólo al alcance de unos cuantos, sino en función de una sociedad de la cual formamos parte todos.